ÀNGEL JUANPERE
Pero los dolores de cabeza para la administración no se circunscriben sólo a lo que es el recinto penitenciario. Existe un estancamiento en obras paralelas pero necesarias para la puesta en marcha de la nueva prisión. No se ha avanzado en los accesos, la construcción de la depuradora sigue siendo el principal escollo por falta de financiación –la Agència Catalana de l’Aigua no tiene fondos y tampoco se ha encontrado una empresa privada que quiera llevar a cabo el proyecto– y está pendiente de ejecutarse el ramal de agua potable desde Boscos de Tarragona –el proyecto ya está acabado desde hace meses–. A todo ello hay que sumar las nuevas plazas de funcionarios que la Generalitat tiene que convocar para el nuevo equipamiento. Si en la actual prisión hay aproximadamente unos 70, se calcula que en Mas d’Enric se necesitarán entre 300 y 400.
La consellera, en el Parlament
Durante su intervención, la responsable de la Generalitat se refirió también a la polémica depuradora, que tiene que dar servicio tanto a la prisión como a todo el término municipal de El Catllar. El alcalde, Josep Maria Gavaldà, siempre ha dicho que sin dicha infraestructura no dará el permiso de apertura, un paso imprescindible para que entre en funcionamiento la prisión.
La consellera recordó que la depuradora que había programado inicialmente el anterior Govern de la Generalitat –y que sólo contemplaba dar servicio al centro penitenciario– «no gustó al Ayuntamiento de El Catllar y, en el último momento, en marzo de 2010 –antes de comenzar la licitación–, se cambió por un convenio que modificaba el precio de la depuradora». De esta manera, recordó Fernández Bozal, de los tres millones inicialmente previstos se pasó a más de 16, que fue los que licitó la Agència Catalana de l’Aigua. La propuesta fue remitida al Govern, que no lo aprobó en diciembre de 2010. «Y así me lo encontré».
En una segunda intervención culpó al anterior ejecutivo de la Generalitat por «no haber aprobado la financiación», por lo que, según sentenció, «exploraremos todas las posibilidades».
Las culpas
El
alcalde de El Catllar rechazó las acusaciones de Fernández y aseguró
que muchas de las afirmaciones realizadas eran inciertas. Así, recordó
que el proyecto de saneamiento lo aprobó el ACA en abril de 2009, que de
esta forma desestimaba las alegaciones del Ayuntamiento de Tarragona.
El 16 de febrero de 2010 se firmó un convenio entre el ACA y el
Departament de Justícia, al cual el Ayuntamiento de Tarragona puso
problemas. Finalmente se incorporó al proyecto un tanque de recogida de
agua en caso de fuertes lluvias y un tratamiento terciario –para que el
agua saliera cristalina–. El cambio tuvo un sobrecoste de 2,9 millones.
Gavaldà recalcó que el proyecto nunca había costado los tres millones
que dijo la consellera.Respecto al personal de la futura prisión, la consellera aseguró que durante este año «intentaremos programar un orden y un dimensionamiento de los cuerpos de vigilancia, rehabilitación y administración que son necesarios».
Polémica EDAR
El
alcalde de El Catllar reconoce que le «preocupa» el tema de la red de
alcantarillado, un tema en el que, asegura, «tenemos una posición
inamovible». Josep Maria Gavaldà recuerda que existe un compromiso para
materializar estas obras y, en el caso de no hacerlas, «el Ayuntamiento
no dará el visto bueno a la apertura del centro».Una de las posibles soluciones provisionales es que las aguas residuales del pueblo de El Catllar y de las urbanizaciones que dan a la vertiente del barranco de La Móra –como Bonaire– sigan siendo tratadas por la depuradora de Altafulla, como hasta ahora, mientras que las aguas del resto de urbanizaciones –Mas Blanc, Tapiola, Cinc Estrelles, Mèdol, Esplai Tarragoní, etc– serían tratadas por la depuradora de la prisión. Con ello se evitaría una estación de bombeo y dos kilómetros de tubería, obras que se podrían dejar para una segunda fase.
Gavaldà, quien hace menos de un mes visitó la zona, aseguró que las obras están muy avanzadas. «Ya están realizando pruebas de seguridad con los sensores», indicó. El alcalde se refirió a las otras obras pendientes, como el vial de acceso desde la carretera TP-2031 –de Tarragona a Santes Creus–, donde se tiene que construir una rotonda, así como el ramal de agua.
Josep Maria Gavaldà asegura ser consciente de las dificultades presupuestarias de la Generalitat, «pero no tenemos que pagar los platos rotos de una situación que no hemos creado».
